RETROCESO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El Gobierno Regional atenta contra el derecho a la educación inclusiva y de calidad de los alumnos más vulnerables
Para UGT Madrid el Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a pisotear el derecho a la educación inclusiva del alumnado de la Comunidad de Madrid y, en particular, del alumnado más vulnerable.
El Sindicato denuncia que la Administración Regional, en el marco de sus competencias, y atendiendo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación inclusiva. Por desgracia, las políticas educativas inclusivas en la Comunidad de Madrid, de la mano del Gobierno Regional, van en sentido contrario.
Una sociedad para ser democrática y garantizar la inclusión de toda la ciudadanía, debe promover la inclusión desde las edades más tempranas, existiendo evidencias claras que la educación inclusiva genera inclusión social, aumentando las probabilidades de acceder a un empleo, a la vida en comunidad o la vida independiente.
La resolución publicada el pasado 26 de octubre no hace más que evidenciar la escasa voluntad del Gobierno de la Comunidad de apostar por el reconocimiento y fortalecimiento de la inclusión educativa. Ya que, lejos de fomentar un sistema educativo dirigido a compensar las diferencias del alumnado, con una política educativa que apueste por la atención a la diversidad, se apuesta por un sistema que lastra el futuro del alumnado, en este caso el más vulnerable.
La resolución muestra la falta de intención de la Consejería por garantizar el derecho a la no discriminación, que incluye el no ser segregado, algo que va a ser imposible al reducirse los apoyos con los que va a contar este alumnado y empeorando, también, las condiciones laborales de los profesionales.
Hablamos del alumnado con autismo o trastorno del espectro del autismo, al recoger, entre otras cuestiones, elevar la ratio de 5 a 7 alumnos con autismo “adscrito” al aula TEA y sin elevar los recursos humanos y materiales para su atención.
Además, también establece que los dos profesionales “adscritos” a este programa atiendan al resto de alumnado con necesidades educativas especiales de los centros.
Este intento de mermar los apoyos educativos a este alumnado no es nuevo. En el año 2015, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del gobierno de la Presidenta Cristina Cifuentes tuvo que rectificar y mantener la ratio de las aulas TEA en 5 alumnos por aula tras la movilización de familias, profesionales y el malestar manifestado de su socio de investidura, Ciudadanos.
Rectificaron en aquel momento, pero siguieron incumpliendo, como ya lo habían hecho anteriormente, sus propias instrucciones, gestionando de forma poco transparente la asignación de plazas, eliminando algunas aulas y, sobre todo, no dimensionando los recursos profesionales en función del número de alumnos y alumnas con autismo y, por supuesto, sus necesidades individuales para poder progresar dentro de un entorno ordinario.
Ahora, con esta resolución, se pretende “blanquear” la forma negligente de gestionar la educación del alumnado con autismo que se vienen realizando en la Comunidad de Madrid y atentar contra el derecho a una educación inclusiva y de calidad de los alumnos más vulnerables y sus familias.
Alumnado que necesita de ese sistema educativo inclusivo con el fin de garantizar la no discriminación, que incluye el no ser segregado, algo que se pone en tela de juicio si se reducen los apoyos con los que va a contar este alumnado y empeorando también las condiciones laborales de los profesionales.
Remarca el Sindicato que el verdadero desafío de la educación inclusiva no es solo una cuestión relativa a los niños y niñas con discapacidad, a menores con dificultades de aprendizaje, sino que es un derecho que se tiene que garantizar al conjunto del alumnado.
Asistir a centros, aunque sean ordinarios, sin los apoyos adecuados genera exclusión y minimiza las oportunidades de inclusión social, determinando itinerarios vitales que apartan a la persona de entornos normalizados, dificultando o impidiendo su participación social.
Por todo ello, desde la Unión General de Trabajadores reclamamos que el Gobierno Regional rectifique y que haya una dotación de recursos humanos y materiales para garantizar estos derechos.
