Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, UGT Madrid vuelve sobre los datos de su último informe, “Población de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. Desmontando prejuicios y estereotipos”, presentado en diciembre de 2025. Este estudio muestra que una de cada cuatro personas que viven en la Comunidad de Madrid es de origen migrante, sumando a quienes tienen nacionalidad extranjera y a quienes, siendo españolas, han nacido fuera del país. Lejos de ser una amenaza, esta realidad es uno de los pilares que sostienen nuestro crecimiento demográfico, nuestro mercado de trabajo y nuestro Estado de bienestar.

Según este informe, elaborado a partir del Censo anual de Población, a 1 de enero de 2024 la Comunidad de Madrid contaba con 7.009.268 habitantes, de los que 1.123.731 tenían nacionalidad extranjera (16,03%) y 634.289 eran personas españolas nacidas en el extranjero: 1.758.020 personas de origen migrante, el 25,08% de la población madrileña. Entre 2021 y 2024, el 71% del aumento de población de Madrid (282.628 personas) se debió al incremento de la población extranjera (200.618 personas). Sin esa aportación, nuestra Comunidad ya estaría perdiendo población y envejeciendo con mucha más rapidez.

La diversidad tiene nombres y barrios concretos. El informe de UGT Madrid detalla que Madrid ciudad cuenta con 619.086 personas de nacionalidad extranjera (18% de su población), Alcalá de Henares con 34.448 (17,2%), Parla con 31.257 (23,1%) y Arganda del Rey con 13.255 (22,3%). En Collado Villalba, el 19,1% de la población tiene nacionalidad extranjera; en Torrejón de Ardoz, el 18,4%; en Alcobendas, el 16,7%. Esta es la Comunidad real: de la almendra central al sur metropolitano y al corredor del Henares, una región plural que convive y trabaja junta cada día.

En el mercado laboral, los datos son igual de contundentes. La Encuesta de Población Activa sitúa a Madrid como la segunda autonomía con más personas ocupadas de nacionalidad extranjera: 695.700 sobre 3.520.600 ocupadas, el 19,7%. A partir de las cifras de afiliación a la Seguridad Social, UGT constata que, a diciembre de 2024, había 3.755.475 personas afiliadas en la Comunidad; 601.866 (16,03%) eran trabajadoras y trabajadores extranjeros, casi siete de cada diez procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Las mujeres extranjeras representan el 7,74% de toda la afiliación madrileña y el 52,99% de quienes cotizan en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar.

Ahí se ve con claridad otra cara de la aportación migrante: los cuidados. Los datos del Sistema Especial de Empleados de Hogar recogidos en el informe de UGT indican que solo Madrid ciudad agrupa 65.466 mujeres afiliadas a este régimen; Alcalá de Henares, 1.103; Alcobendas, 3.061; Alcorcón, 1.039; Getafe, 858; Fuenlabrada, 322; Arganda del Rey, 149. Buena parte de la conciliación de miles de hogares madrileños descansa en el trabajo de estas mujeres migrantes, con demasiada frecuencia en condiciones precarias, mal pagadas y con una débil protección frente a los abusos.

Frente a los discursos racistas que intentan presentarlas como “carga” para los servicios públicos, los datos vuelven a desmentir el tópico. En 2024 se registraron 56,4 millones de visitas a Atención Primaria en la Comunidad; solo el 20,3% correspondieron a personas nacidas en el extranjero, cuando su peso demográfico ronda el 24%. En rentas mínimas, el 17,51% de las personas titulares en Madrid tienen nacionalidad extranjera, pese a que la pobreza y la pobreza laboral castigan con mucha más fuerza a la población de terceros países. No hay abuso ni privilegios: hay una brecha de acceso para quienes más necesitarían esa protección.

También en el caso de los menores migrantes no acompañados, la realidad está muy lejos del alarmismo. En 2024, la Comunidad atendió a 2.442 menores migrantes no acompañados, dentro de un total de 16.041 en España. En una región de más de siete millones de habitantes, estos chicos y chicas representan menos del 0,04% de la población: unos 3–4 menores por cada 10.000 personas. Son niños y adolescentes bajo tutela, no una amenaza para nuestra convivencia.

Este diagnóstico de UGT Madrid encaja con el que hace el Consejo Económico y Social de España (CES) en su “Informe sobre la realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas”. El CES —órgano consultivo del Gobierno y de las Cortes Generales en materia socioeconómica y laboral— concluye que la inmigración es un componente estructural del crecimiento demográfico y de la sostenibilidad del Estado social, y recuerda que las personas migrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social mientras suponen una parte muy inferior del gasto público. El informe alerta, además, de que la discriminación laboral y educativa contra las personas migrantes tiene un coste económico anual muy elevado para el país y reclama un gran Pacto de Estado por la Convivencia y por una política migratoria moderna, humana y eficiente.

En UGT Madrid compartimos esa hoja de ruta y defendemos la regularización de las personas migrantes que ya viven y trabajan aquí. No solo porque ninguna persona es ilegal, sino porque mantener a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores en la sombra alimenta la explotación, la economía sumergida y la competencia desleal. La regularización, acompañada de más recursos en extranjería, servicios públicos y políticas activas de empleo, es una herramienta imprescindible para convertir esa realidad en derechos.

En Madrid, esta batalla se libra en los centros de trabajo, en los comités de empresa y en la negociación colectiva. Nuestra tarea sindical es organizar a una clase trabajadora diversa —en la ciudad, en el sur metropolitano, en el corredor del Henares y en la sierra— y confrontar los discursos racistas que pretenden enfrentar a unas personas trabajadoras con otras. En este 21 de marzo, desde UGT Madrid renovamos nuestro compromiso: frente al odio, datos; frente a la explotación, derechos; frente al racismo, organización sindical y convivencia.