Los datos del IPC del mes de junio, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,2%, la misma tasa que el mes pasado. El mantenimiento de la misma se produce a pesar del alza en el precio de la electricidad y el gas, que se encarecen un 16,1% y 10% mensual, respectivamente. Con todo, la evolución de los precios continúa condicionada por la incertidumbre existente en los mercados energéticos internacionales, agravada en los últimos días por la reactivación de los ataques militares de Israel y Estados Unidos sobre Irán.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, disminuye una décima, hasta el 2,9%. Esta moderación refleja que las presiones inflacionistas subyacentes continúan contenidas, si bien resulta necesario seguir vigilando la evolución de los precios para evitar que los actuales focos de incertidumbre den lugar a nuevas tensiones inflacionistas.

Entre los incrementos anuales más destacados durante este mes, cabe resaltar los combustibles líquidos (28,5%), el servicio de recogida de basuras (26,6%) o los huevos (14,1%), En sentido contrario, las frutas tropicales (-22,7%), los hidrocarburos licuados (-14,4%) o los equipos audiovisuales (-6,7%) registran los descensos de precios más señalados.

La estabilidad de la inflación en junio coincide, además, con la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía, que combina la prórroga de algunos mecanismos de apoyo ya vigentes con la adopción de nuevas actuaciones dirigidas a proteger a los hogares y a los sectores más afectados. UGT valora positivamente estas medidas, si bien considera necesario mantener un seguimiento permanente de la evolución de los precios y estar preparados para adoptar nuevas actuaciones si se produjeran nuevos repuntes de la inflación.

En este contexto, la negociación colectiva sigue desempeñando un papel fundamental para limitar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 registran hasta junio un incremento salarial medio del 3,01%, porcentaje que se eleva hasta el 3,87% en los convenios firmados durante este año, situándose por encima de la inflación media acumulada hasta mayo (2,9%). No obstante, el incremento salarial medio pactado se sitúa por debajo de la inflación anual de junio (3,2%), lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de 0,19 puntos y pone de manifiesto la necesidad de seguir impulsando la negociación colectiva en los próximos meses para consolidar la recuperación de los salarios.

Asimismo, UGT defiende que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028. A ello debería sumarse un incremento adicional del 1%, 2% o 3%, en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país, con el objetivo de acelerar la convergencia salarial en aquellos sectores con mayores desfases retributivos. También resulta imprescindible garantizar la efectividad de los incrementos pactados, evitando el recurso a cláusulas de absorción y compensación que limiten su impacto real sobre los salarios. 

La recuperación salarial debe ir acompañada de un mayor impulso a las cláusulas de garantía salarial, ya que constituyen el instrumento más eficaz para evitar que los repuntes de la inflación vuelvan a erosionar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Aunque su cobertura ha aumentado en los últimos años, actualmente solo benefician al 40% de las personas trabajadoras con convenio, una cifra todavía alejada de los niveles previos a la crisis de 2008, cercanos al 80%. Extender estas cláusulas debe seguir siendo, por tanto, una prioridad de la negociación colectiva.

Al mismo tiempo, la mejora de los salarios pierde parte de su efecto como consecuencia del continuo encarecimiento de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. El creciente esfuerzo económico que deben destinar los hogares a acceder a una vivienda reduce la capacidad real de las subidas salariales para mejorar las condiciones de vida, una situación que afecta especialmente a la población joven y dificulta su emancipación. Por ello, UGT insiste en la necesidad de aplicar de forma efectiva la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado y de ampliar el parque público de vivienda asequible.

Del mismo modo, resulta imprescindible seguir elevando el Salario Mínimo Interprofesional para reforzar la protección de quienes perciben las rentas más bajas. La evolución reciente de los precios demuestra la importancia de revisar periódicamente su cuantía para garantizar que mantiene su capacidad adquisitiva. En un escenario en el que persisten riesgos inflacionistas, continuar avanzando en la mejora del SMI contribuirá a reducir las desigualdades y a consolidar un reparto más justo de los beneficios del crecimiento económico.