Los datos adelantados del IPC correspondientes al mes de septiembre, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 4,9%, seis décimas por encima de la registrada en agosto. Se trata del nivel más elevado desde febrero de 2023 y supone una nueva e intensa aceleración de las presiones inflacionistas, con los productos energéticos -en especial, los carburantes- como principales factores de impulso al alza de la tasa general. 

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, aumenta hasta el 3,1%, dos décimas más que el mes anterior. Con ello, se alcanza la tasa más alta desde marzo de 2024, lo que indica una progresiva traslación de los mayores costes energéticos al conjunto de los precios, una tendencia que podría intensificarse en los próximos meses, dificultando la contención de la inflación subyacente a corto y medio plazo.

Con todo, la persistencia de las tensiones geopolíticas, con un conflicto en Oriente Medio sin perspectivas de resolución a corto plazo, podría prolongar las dificultades de suministro y la presión sobre los mercados energéticos. El aumento de los costes de la energía se está trasladando a los precios finales acompañado de un aumento muy significativo de los beneficios empresariales. Se está aprovechando la instabilidad internacional y el aumento de los costes energéticos para lograr unos beneficios récord. De hecho, en la mayoría de las ramas vinculadas a la energía, los precios crecen por encima de los costes, lo que amplía los márgenes empresariales y refuerza las presiones inflacionistas. 

En este sentido, los márgenes empresariales de la actividad de refino de petróleo y coquerías se han disparado hasta el 41,5% en el segundo trimestre del año, multiplicando por 10 el dato alcanzado en el primer trimestre. Las industrias extractivas también contabilizan unos márgenes empresariales récord, que ascienden al 26,3%; mientras que el comercio al por menor de combustibles para automoción, que engloba la actividad de las gasolineras, ha incrementado sus márgenes en 3,3 puntos respecto a los tres primeros meses del año. Así, el aumento del precio del barril de Brent, lejos de traducirse en un deterioro de los resultados de las empresas especializadas del sector, está impulsando un notable incremento de sus márgenes empresariales. 

Por su parte, en la rama de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, los márgenes ascienden al 22,6%, muy por encima del margen medio de la economía (13,8%). 

En consecuencia, UGT reclama controlar los precios finales de carburantes y electricidad, regulando las tarifas finales al consumidor y gravando los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas y petroleras. Además, es necesario reactivar la excepción ibérica, un mecanismo que ya resultó muy eficaz para contener el coste del gas y la luz durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Asimismo, el precio de la vivienda encadena ya once años consecutivos de subidas, una escalada que además el IPC no refleja de forma adecuada, ya que la compra de vivienda queda fuera de su cesta y el peso del alquiler es limitado. Buena parte de la responsabilidad recae en la inacción de las administraciones competentes, que no han actuado con la contundencia necesaria ante un problema que afecta a millones de hogares y de personas trabajadoras. 

Mientras tanto, los márgenes empresariales de las actividades inmobiliarias alcanzaron el 32,2% en el segundo trimestre, un nivel récord en los últimos años, lo que evidencia que la vivienda se ha consolidado como un negocio muy lucrativo. Ese negocio se sostiene a costa de situaciones tan injustas como el desahucio de Maricarmen, que supone una vulneración flagrante de los derechos humanos. La situación de emergencia nacional por el problema de la vivienda exige medidas eficaces y contundentes que frenen los desahucios y garanticen que la vivienda cumpla prioritariamente su función residencial, evitando que quede sometida a dinámicas especulativas en beneficio de unos pocos.

Por último, el repunte de los precios, incluido los de la vivienda, no está viniendo acompañados de un incremento proporcional de los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo. Es necesario impulsar una negociación colectiva fuerte, abriendo de inmediato la negociación por el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el fin último de garantizar que los salarios no pierdan poder de compra en los próximos años. Del mismo modo, la evolución de los precios hace inaplazable una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, El incremento 3,1% acordado para 2026 se sitúa ya claramente por debajo de los niveles actuales de inflación, cercanos al 5%, comprometiendo la capacidad de compra de quienes perciben el SMI. En este contexto, debe aplicarse la cláusula prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando la evolución de los precios se desvía de las previsiones. UGT reclama, por ello, la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social para adaptar el SMI a esta nueva situación.