UGT Madrid denuncia públicamente la situación que atraviesan numerosos inquilinos de viviendas públicas en la capital, gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Según el sindicato, en los últimos meses se han intensificado los procesos administrativos y judiciales que pueden desembocar en desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente personas mayores y familias con escasos recursos.

El sindicato alerta de que algunos de estos procedimientos afectan a viviendas públicas destinadas precisamente a colectivos vulnerables, lo que agrava la preocupación social y plantea interrogantes sobre el modelo de gestión del parque público de vivienda en Madrid.

UGT Madrid recuerda que la vivienda pública debe cumplir una función social y no convertirse en un mecanismo de exclusión para quienes dependen de ella como única alternativa habitacional.

Incertidumbre en apartamentos para mayores en La Latina

Uno de los focos de preocupación se sitúa en el distrito de La Latina, donde varios residentes de apartamentos municipales destinados a personas mayores han denunciado que han recibido comunicaciones relacionadas con cambios en su situación contractual o con posibles procesos de desalojo.

Según testimonios recogidos por asociaciones vecinales y medios locales, algunos residentes temen perder la vivienda en la que han vivido durante décadas.

Una vecina afectada explicaba en declaraciones recogidas por eldiario.es:

“Llevo más de veinte años viviendo aquí y ahora nos dicen que tenemos que marcharnos. A nuestra edad no es fácil empezar de nuevo.”

“No sabemos qué va a pasar con nosotros. Somos personas mayores y necesitamos estabilidad.”

UGT Madrid advierte de que muchas de estas personas son octogenarias o tienen problemas de dependencia, por lo que cualquier proceso de traslado debe garantizar alternativas adecuadas y cercanas a su entorno.

Un modelo de gestión de la vivienda pública bajo debate

El sindicato considera que estos casos deben analizarse en el contexto de la evolución del parque público de vivienda en Madrid.

UGT recuerda que en 2013 el Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas públicas de la EMVS a fondos de inversión, una operación que fue posteriormente declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Esa operación provocó situaciones de inseguridad residencial para numerosas familias.

Una de los afectadas declaró en su momento: “Nos vendieron como si fuéramos parte de un paquete inmobiliario.”

“Cuando vendieron las viviendas empezaron a subir los alquileres y llegaron los desahucios.”

UGT Madrid advierte de que los conflictos actuales muestran que el debate sobre el modelo de vivienda pública en la ciudad sigue abierto.

Problemas persistentes en la Colonia San Carlos

Otra situación denunciada se encuentra en la Colonia San Carlos, en el distrito de Villaverde, donde vecinos han denunciado durante años problemas de regularización de contratos y mantenimiento de las viviendas.

La denuncia y exigencias de UGT Madrid

UGT Madrid denuncia que estos desahucios y situaciones de precariedad se están produciendo sistemáticamente sin ofrecer alternativas habitacionales adecuadas, dejando a personas mayores y familias vulnerables en una situación crítica de desamparo y en claro riesgo de sinhogarismo. Como sindicato comprometido con la justicia social y el derecho universal a una vivienda digna, exigimos al Ayuntamiento de Madrid y a la EMVS: 

• Paralización inmediata de los desalojos a personas vulnerables sin alternativa real.

• Transparencia total sobre el uso futuro de los bloques de mayores en La Latina.

• Regularización urgente de los contratos en la Colonia San Carlos.

• Un cambio hacia una política de vivienda basada en el derecho constitucional y no en criterios burocráticos o mercantiles.

UGT Madrid reafirma su compromiso de resistencia para defender que ninguna familia sea expulsada de una vivienda pública.