Los datos adelantados del IPC correspondientes al mes de mayo, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,2%, igualando el dato de abril. El comportamiento del transporte sigue presionando al alza la tasa general, como consecuencia del mantenimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a su impacto sobre los mercados energéticos.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, aumenta una décima, hasta el 2,9%. Este incremento sigue siendo moderado y no permite extraer conclusiones definitivas sobre una posible transmisión de las presiones inflacionistas al conjunto de bienes y servicios. En cualquier caso, conviene seguir de cerca su evolución en los próximos meses.

Las medidas adoptadas por el gobierno, y en particular las reducciones de impuestos a la electricidad y, en menor medida, los combustibles, han tenido un efecto puntual indudablemente positivo que ha influido en la reducida traslación de las tensiones geopolíticas y de suministros a la inflación española.  Por eso conviene recordar que una parte relevante de estas medidas desplegadas para amortiguar el impacto de la crisis energética y contener la inflación expirarán el próximo lunes, 1 de junio. 

De no prorrogarse o adoptarse medidas adicionales, esta circunstancia podría añadir nuevas presiones sobre los precios en los próximos meses, que castigarían esencialmente a los hogares más vulnerables, que tienen menor capacidad para adaptarse a los cambios bruscos de costes. Por ello, será necesario seguir de cerca la evolución de la inflación y actuar con rapidez en caso de que resulte preciso reforzar los mecanismos de protección.

En este contexto, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 se sitúa en el 2,94%, mientras que los convenios firmados durante 2026 con efectos este mismo año recogen un incremento salarial medio del 3,44%, ligeramente superior a la previsión de inflación en mayo. No obstante, la persistencia de la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de la energía mantienen riesgos sobre la evolución futura de los precios. Si estas tensiones se prolongan o terminan trasladándose de forma más amplia al conjunto de la economía, podrían volver a poner en riesgo la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras.

Por ello, UGT defiende la consolidación de una referencia mínima de incremento salarial del 4% para el periodo 2026-2028, en línea con las propuestas sindicales planteadas para la negociación de un nuevo AENC. Estas propuestas contemplan, además, la posibilidad de incorporar incrementos adicionales de hasta un 3% en función de la brecha existente entre el salario medio pactado en convenio y el salario medio del conjunto de la economía. En todo caso, resulta imprescindible que estas orientaciones se trasladen de forma efectiva a la negociación colectiva sectorial, evitando la utilización de mecanismos de absorción y compensación que reduzcan su impacto real sobre los salarios.

Por último, resulta necesario seguir impulsando la extensión de las cláusulas de garantía salarial. Estas constituyen el principal instrumento para proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras frente a desviaciones de la inflación en un contexto de gran incertidumbre sobre la evolución de los precios. Desde la firma del V AENC, estas cláusulas han experimentado un incremento en su cobertura, beneficiando actualmente al 39,4 % de las personas cubiertas por convenio colectivo. Sin embargo, es preciso continuar fomentando su incorporación en los procesos de negociación colectiva, dado que su alcance sigue siendo muy inferior al registrado tras la crisis de 2008, cuando llegaron a cubrir aproximadamente al 80 % de los trabajadores y trabajadoras con convenio.