UNA PROPUESTA DE RATIOS REALES PARA VIVIR Y TRABAJAR CON DIGNIDAD
Ya podéis consultar en su totalidad el estudio realizado por UGT Madrid junto con la Secretaría de Dependencia e Intervención Social de UGT SP Madrid, CCOO de Madrid y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (PLADIGMARE), con colaboración de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
El estudio, presentado a medios de comunicación en rueda de prensa el pasado 8 de julio, es una propuesta fundamentada, tanto cuantitativa como cualitativa de ratios/presencias de personal para las residencias madrileñas, con unos y recursos humanos mínimos indispensables, unos tiempos de atención asociados a las tareas de cada uno de los y las profesionales que intervienen, teniendo en cuenta las necesidades específicas en función de los perfiles de las y los usuarios y su grado de dependencia para garantizar una atención digna, de calidad y centrada en la persona, en las residencias de la Comunidad de Madrid. En el trabajo de campo para su elaboración han participado más de 700 trabajadores y trabajadoras de todo tipo de centros y categorías.
Dicho estudio revela que la falta de personal en las residencias de la región que coloca a sus usuarios y a sus cuidadores en una situación crítica. Denuncian que el Gobierno regional está poniendo en peligro la integridad de las personas que trabajan en el sector y de los y las mayores y dependientes.
De las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.
La falta de transparencia de la Comunidad de Madrid ha imposibilitado saber el número real de trabajadores y trabajadoras que actualmente trabajan en las residencias, pero como se muestra en el estudio, el personal que trabaja actualmente en las residencias es absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad.
Esta insuficiencia de recursos humanos genera una sobrecarga de trabajo excesiva y ésta puede provocar situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores como: úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso indebido y abusivo de sujeciones mecánicas para suplir la ausencia de atención personal.
La situación, por lo que se refiere al personal cuidador de los centros, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo registra que las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son uno de los colectivos que encabezan los rankings de mayor siniestralidad laboral en España. Las organizaciones autoras del documento aseguran que en la región “no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes”.
La tipología de las plazas (55.308) para dependientes en la región, la mayoría de ellas derivadas por el Gobierno del PP en Madrid a la empresa privada, y la inobservancia y vigilancia de un servicio tan sensible por parte del Gobierno regional contribuye a empeorar el servicio, ya que las ratios de personal en los establecimientos privados son mucho menores y los salarios también más bajos. En la Comunidad de Madrid el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y sólo el 11,62% lo hacen las Administraciones. Las personas trabajadoras del sector se enfrentan a condiciones laborales difíciles, los salarios son muy bajos -salario mínimo interprofesional para una jornada completa, su formación y capacitación continua es muy limitada, existe mucha inestabilidad laboral, y mucha enfermedad laboral física y psíquica.
Además del aumento de personal se indican otras medidas necesarias como son: garantías de calidad de los empleos, donde “al menos el 80% de los empleos” sean “indefinidos y a jornada completa”, con jornadas parciales que, como mínimo, supongan “el 66% de la jornada ordinaria”; también formación “permanente, adecuada y para todas las categorías” o inspecciones “sin preaviso y sanciones ejemplares” que “se hagan públicas”. Que el criterio económico no sea el determinante para la adjudicación de contratos a empresas y que trabajadoras y familias participen en la elaboración de los protocolos. Se aboga por una coordinación sociosanitaria con el sistema de salud y una mayor calidad en los menús, “preparados, elaborados y cocinados en el centro”, que garanticen “una dieta sana y equilibrada, variada, con alimentos de temporada, individualizados y adecuados a las prescripciones médicas específicas”
Puedes consultar el estudio completo AQUÍ
Las conclusiones y las propuestas que se desarrollaron en la rueda de prensa para exigir que se corrija con urgencia la situación, pueden verse en este enlace: https://www.youtube.com/live/2jdMu1LXdPo