Un trabajo precario para cubrir necesidades sociales: En el año 2022 se contabilizaban en la Unión Europea un total de 1.672.000 empleos en el trabajo doméstico, el 31% de estos (520.100 empleos), correspondían a España. La comparativa entre los empleos en cuidados profesionalizados y el empleo doméstico en los diferentes Estados miembros, permite concluir que hay una relación inversa entre ambas actividades: a más cuidados profesionalizados, menos trabajo doméstico. Por tanto, en España y en otros Estados miembros, el trabajo doméstico está cubriendo necesidades sociales que deberían ser provistas por las Administraciones Públicas con cuidados profesionalizados. Mientras que, de media en la Unión Europea, el 4,6% del total de empleos corresponden a cuidados profesionalizados y el 0,8% a personal doméstico, en el caso español, el 3% son cuidados profesionalizados y el 2,5% empleos de personal doméstico.
Un trabajo de mujeres, y especialmente de mujeres migrantes: De las 371.918 personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH) en febrero de 2024, 355.366 (el 96%) son mujeres. De ellas 159.700 son mujeres de nacionalidad extranjera, el 45%. En la Comunidad de Madrid, se concentra el 28% de toda la afiliación al SEEH del país, porcentaje que sube al 36% en el caso de las mujeres extranjeras afiliadas al Sistema.
Un trabajo con indicadores de precariedad: el 52,8% de las personas ocupadas como personal doméstico en el último trimestre de 2023, trabajan a tiempo parcial, el porcentaje más alto de parcialidad de las ramas de actividad. Sin embargo, hay una clara diferencia entre los hombres y las mujeres empleados como personal doméstico: el 57% de las mujeres trabajan a tiempo parcial frente al 23% de los hombres. Es la actividad con el salario medio bruto mensual más bajo de todas las ramas de actividad, 981 euros, un 54% inferior al salario medio bruto total. El importe de las pensiones de jubilación del Sistema Especial de Empleados de Hogar, es el más bajo de todo el sistema, con la excepción de las pensiones SOVI, y aquí, también con diferencias entre los hombres y las mujeres. Mientras los primeros perciben una pensión media de jubilación de 603,36 euros mensuales, las mujeres perciben 571,18 euros mensuales. En el Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 18% de las mujeres afiliadas tienen más de 60 años, frente al 7% del Régimen General.
Un trabajo cuyo salario depende, principalmente, de los ingresos de las familias empleadoras: En el año 2019 el gasto medio por hogar en personal doméstico era de 299,69 euros, el 0,99% del gasto total del hogar. En el año 2020, como consecuencia de la COVID-19 y su impacto, el gasto medio bajo a 224,94 euros, y al 0,83% del gasto total. En el año 2022 aunque el gasto medio se ha incrementado a 250,14 euros mensuales, baja el porcentaje sobre el gasto total del hogar hasta el 0,79%.
Los elementos que hemos apuntado, dan una idea de que, pese a los avances, ésta sigue siendo una actividad, no solo con indicadores de precariedad, sino con elementos que la separan del resto de trabajadoras y trabajadores. A esto se añaden el empleo irregular, abusando de la situación de necesidad y vulnerabilidad de trabajadoras generalmente migrantes, y situaciones inconcebibles en el siglo XXI, como las formas más extremas de trabajo interno, o la realidad de que es uno de los sectores más preeminentes en materia de trata de seres humanos y trabajo forzoso. El hecho de ser un trabajo de mujeres, la presencia de las mujeres migrantes y que se trata de una actividad que cubre las lagunas de necesidades sociales que deberían proveer las Administraciones con dinero público y con cuidados profesionalizados, son, sin duda una de las razones de los lentos avances en materia de derechos laborales y de protección social.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, cuando ya ha pasado un mes desde que el 29 de febrero entró en vigor para nuestro país el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, reclama la apertura de una mesa de Diálogo Social a fin de abordar entre otras cuestiones:
• El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable con el desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
• Medidas relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• La intervención y actuación en este sector de agencias de colocación y plataformas digitales.
• El trabajo interno y las horas de presencia.
• Una nueva definición de las tareas que pueden realizarse en el marco de esta actividad, para excluir que pueda ser utilizada para cubrir puestos de cuidados profesionalizados.
• La evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial de Empleados de Hogar que en el Real Decreto Ley 16/2022 se prevé para octubre de este año.